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El Grupo Socialista presenta más de 400 enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público

María Jesús Serrano afirma que las propuestas socialistas son “casi una enmienda a la totalidad” al texto del Gobierno y tienen como máximo objetivo sustituir la voluntad del contratista –como pretende el texto del Gobierno– por el servicio objetivo al interés general. Destacan la creación de una ponencia permanente de control y vigilancia en la contratación pública vinculada a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, la incorporación transversal de criterios sociales y ambientales, medidas para favorecer a las pymes, iniciativas de lucha contra la elusión fiscal y la deslocalización y medidas de transparencia para luchar contra la corrupción.

 (Nueva Ventana)

Thu Mar 02 19:16:00 CET 2017



 El Grupo Socialista ha presentado esta tarde sus enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público, que se va a tramitar por trámite de urgencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Son más de 400 enmiendas, de las cuales unas 100 enmiendas han sido transaccionadas con aportaciones diversas. Durante el trámite de enmiendas, el Grupo Socialista ha recibido más de 1.300 propuestas de enmiendas, reflexiones e ideas presentadas por más de 70 entidades, observatorios, plataformas asociativas, organizaciones empresariales, sindicatos, expertos y colectivos interesados en la Ley de Contratos del Sector Público. Muchas de estas entidades representan fundamentalmente al mundo de la empresa y al tercer sector.

El objetivo de las enmiendas socialistas, que representan “casi una enmienda a la totalidad” del texto inicial, como ha señalado la portavoz de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano, tienen como máximo objetivo sustituir la voluntad del contratista -lo que preside el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno del PP- por el servicio objetivo al interés general en el marco de un Estado social.

Entre las propuestas registradas, destaca en primer lugar la constitución de una ponencia de carácter permanente para el control y seguimiento de la contratación pública, en el marco de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Esta ponencia deberá recibir toda la información para poder controlar y vigilar la contratación pública y la participación en las iniciativas de mejora normativa que se adopten en esta materia.

Por otro lado, destaca la reivindicación de las cláusulas sociales y ambientales como un elemento básico de la contratación. En este sentido, las enmiendas incluyen la incorporación transversal de criterios sociales y ambientales, con un amplio elenco de finalidades socio-ambientales que pueden ser causa de estas cláusulas. Las propuestas socialistas también incluyen regímenes especiales para aquellos servicios sociales que no cumplen una finalidad de obtención de lucro.

También hay un abanico amplio de enmiendas para que el empresario privado que asume la realización de la concesión de una autopista de peaje se haga responsable de la misma, lo que en la actualidad no ocurre. Así, el concesionario deberá asumir los riesgos de construcción y explotación de las obras públicas, a diferencia de lo que plantea el Gobierno. Asimismo, el Grupo Socialista ha registrado varias enmiendas para la protección y el impulso de las empresas públicas y a sus empleados, lo que repercute en la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía.

Las enmiendas socialistas incluyen además el contrato de gestión de servicios públicos, que garantiza un peso más relevante por parte de las Administraciones Públicas a la hora de controlar la ejecución del contrato y que permite un mejor cumplimiento de las funciones de reducción de la desigualdad. Sobre la modificación de los contratos, se incorpora una enmienda que permitiría que todos los contratos del sector público tengan el mismo régimen restrictivo de modificación. Y en referencia a los llamados contratos menores, que permiten su adjudicación directa, las enmiendas persiguen una mayor eficacia y control en el uso de esta figura, mediante la introducción de una serie de limitaciones, como la obligación de publicación en un plazo breve, la imposibilidad de duración superior a un año y reforzamiento de medidas contra la corrupción.

Sobre el control de la contratación pública, el Grupo Socialista articula un régimen de control independiente de la contratación pública que garantice la transparencia, eficacia y eficiencia. En este sentido se refuerza el papel de los Tribunales de la contratación pública. Además, para ganar en calidad en la ejecución del contrato, se impone la figura del responsable que supervisará su ejecución y adoptará las decisiones para garantizar la correcta realización de la prestación pactada. También se incorporan medidas de protección de los trabajadores en los supuestos de sucesión de empresas contratistas de servicios.

Las enmiendas socialistas pretenden potenciar a las empresas que garanticen una mayor estabilidad en el empleo, una mayor presencia de mujeres para luchar contra el desempleo de este sector y aquellas empresas que hayan adoptado medidas de mayor relevancia en la lucha contra la siniestralidad laboral y la mejora de la formación de los trabajadores. Asimismo se hace una defensa del concepto del servicio público desde los objetivos de la proximidad, eficacia, calidad y transparencia.

En relación con las pymes, se incluyen dos medidas relevantes: medidas contra la subcontratación y la incorporación de previsiones para que en los casos de subcontratación cobren lo pactado lo antes posible. Asimismo, frente a la prohibición de fraccionamiento en lotes, se permite cuando el objeto del contrato lo permita, con el fin de favorecer la participación de empresas básicas en nuestro tejido productivo.

También se ha presentado un abanico amplio de enmiendas con relación a los problemas sociales y a la idea de solidaridad, medidas que deben de estar presentes en los regímenes de contratación pública de una forma prioritaria y que han sido defendidas por el tercer sector.

Por otro lado, se favorece la innovación y los servicios intelectuales, a través de un régimen especial para los contratos vinculados a la creatividad y para favorecer innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales y se lucha contra la elusión fiscal y la deslocalización de empresas mediante la prohibición para contratar de aquellas empresas que actúen en paraísos fiscales.


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