Califica de “cruel y estúpido” que cuanto más necesidad hay, menores sean los recursos para los servicios sociales y la atención a las personas. Los socialistas presentan un declaración en defensa de la administración local “como aquella que está en mejores condiciones para atender una buena parte de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas”. Reiteran la petición de retirada del anteproyecto de reforma de la administración local y la apertura de un nuevo proceso que emprenda una reforma “basada en la austeridad” y “en la eficacia en la prestación de los servicios”.
Jornada sobre los efectos de la Ley de Régimen Local en los servicios sociales. La portavoz del Grupo Socialista pide desenmascarar las verdaderas intenciones de la Ley: privatizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno mantiene la norma tal como está.
En un viaje de una delegación del Congreso a El Salvador, el diputado socialista Javier Barrero, vicepresidente segundo del Congreso, se ha reunido con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía, con el ministro de Educación y secretario general de la Presidencia, Hato Hasbum, y con el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Jornada sobre los efectos de la Ley de Régimen Local en los servicios sociales. La portavoz del Grupo Socialista pide desenmascarar las verdaderas intenciones de la Ley: privatizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno mantiene la norma tal como está.
En un viaje de una delegación del Congreso a El Salvador, el diputado socialista Javier Barrero, vicepresidente segundo del Congreso, se ha reunido con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía, con el ministro de Educación y secretario general de la Presidencia, Hato Hasbum, y con el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Meritxell Batet valora positivamente que el Gobierno acepte incluir en el texto a la Casa Real, los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y todas las entidades privadas que reciben ayudas públicas, como la Iglesia. Considera inadmisible que se plantee que el Gobierno pueda sancionar a cargos de otras administraciones públicas o cesar alcaldes, porque supondría una flagrante “vulneración competencial”. Destaca la importancia de garantizar con más mecanismos la independencia de la autoridad que controle la transparencia de las Administraciones.